NOTAS PARA UN DEBATE. EL ACCESO A LA VIVIENDA: UN DERECHO NEGADO
es un texto de Nekane Jurado preparado en noviembre de 1999 para su exposición en varias conferencias y actualizado en mayo 2001.

NOTAS PARA UN DEBATE

La necesidad de acceso es cifrada en el informe en 92.385 unidades convivenciales. De esta cantidad, por motivos ecoómicos (no pueden pagar los precios de mercado), la demanda real es de 28.748, es decir sólo cada 31 personas necesitadas de vivienda, demandan o buscan vivienda.

Respecto a la definición de "segmento protegible" cabe decir que el Gobierno vasco distingue entre población objeto de atención por la política de vivienda y entre el segmento protegible. En el primer concepto agrupa a las personas con alto grado de necesidad: vivendas en muy mal estado de conservación, situaciones de hacinamiento ect. Pero no todas estas personas son consideradas incluidas en el segundo concepto, es decir no son consideradas segmento protegible, ya que además de analizar el grado de necesidad se analiza la capacidad financiera de los necesitados, y sólo son segmento protegible los necesitado que tienen un nivel de ingresos mínimos pero suficientes para afrontar con garantias el pago de la vivienda. Esta paradoja de exigir rentas de un nivel mínimo por debajo del cual no existe protección pública, deja fuera de este mercado a un sector cada vez más elevado, de hecho en 1999 sólo fue considerado segmento protegible el 9% del total de los necesitados de vivienda.

Analizando los recursos económicos de los demandantes de vivienda (recordemos que estos solo son el 31% del total de los necesitados), en el informe ya señalado (ver nota pie de pag. nº1) determina que los ingresos familiares netos mensuales que, en promedio declaran obtener los hogares que han expresado tener necesidad de cambiar de vivienda se cifran en 161.000 pesetas, mientras que los de acceso son de 157.000 pesetas (en ambos casos los ingresos son inferiores a los de 1998, con una disminución de un 1% en el primer caso y un 6% en el segundo, lo que concuerda con la afirmación del constante deterioro de las rentas salariales anuales, que afecta en especial a los más jovenes, que son los necesitados del primer acceso)

El precio máximo de la vivienda asumible por los necesitados se cifra en 15,4 millones para los de cambio y en 14,1 millones para los de acceso (aunque el 33% se posiciona debajo de los 12 millones, cifra máxima en 1998). Según la valoración del Gobierno Vasco este aumento del precio máximo asumible lo valora positivamente y lo relaciona con los tipo de interés; esta valoración tal vez no sea la adecuada ya que el coste real y la capacidad financiera es menor que en años anteriores, lo que sucede es que en el mercado ya no existia oferta por debajo de 12 millones, por lo cual los necesitados van intentando llegar al tramo más barato de la oferta, tramo en constante alza. (el 2º trimestre de 2000 solo un 8% de las viviendas usadas en venta estaba por debajo de los 16 millones de pesetas, y un 2,8% lo estaba por debajo de 12 millones). Estos datos demuestran lo que ya deciamos al principio que no existe encuentro entre oferta y demanda: mientras que el precio máximo asumible es 14,1 millones solo 8 de cada 100 viviendas usadas (encima las más deterioradas) valen menos de 16 millones, siendo el precio medio de una vivienda usada en la CAPV en el periodo citado de 33,3 millones de pesetas.

Por otra parte el coste medio de la financiación supone un 70% del valor de lavivienda. Es decir que después de pagar los intereses por una vivienda por cada 100 pesetas se han acabado pagando 170, lo que el precio medio de 33,3 millones se transforma en 56,6 millones. Pero esta financiación que es concedida por los bancos según la "solvencia" de los peticionarios del crédito no se concede a los necesitados de primera vivienda, ya que siguiendo al informe del Gobierno Vasco, la cuantía financiera máxima que los necesitados de cambio de vivienda están en condiciones de asignar al pago de la misma (es decir la que los bancos estiman como máximo nivel de endeudamiento "solvente") asciende a 50.800 pesetas al mes en los necesitados de cambio y a 58.000 pesetas en los de acceso ( en 1998 los de acceso podían pagar 62.200 pesetas al mes, lo que demuestra el mayor deterioro de sus rentas, como venimos afirmando)

Todos los datos anteriores son aportados por el Gobierno Vasco, nosotros podemos aportar los datos de una reflexión final: si el precio medio en la CAPV despues de añadir el coste de financiación es de 56,6 millones de pesetas, y la capacidad financiera máxima mensual de los necesitados del primer acceso es de 58.000 pesestas, una simple división nos demuestra que se necesitan 976 meses de esfuerzo máximo para adquirir la vivienda (esto son 81 años). Queda claro que este segmento está expulsado de los precios medios.

Ahora bien ¿puede acceder al sector de viviendas de precios mínimos?. Para adquirir una vivienda de 16 millones (27,2 millones después de sumar los costes financieros) se necesitarian 469 meses (39 años) y sin olvidar que solo un 8% de lo ofrecido en el mercado está en este precio y por debajo. Por tanto también se le ha expulsado ya de acceder en vía de propiedad a las viviendas de precios más bajos del mercado.

Siguiendo los datos aportados por el informe "Análisis de la situación de la familia en Navarra" en su apartado sobre Vivienda, se observa que los necesitados de vivienda ascienden a 17.440 unidades convivienciales, esperando que en los próximos cuatro años el 81% de ellos realice la demanda, a la vez que se estima que el 57% sea considerado segmento protegible.

Entre los 12.700 demandantes de acceso se detecta que el 68% declara necesitarla para su emancipación, mientras que el 29% para vivir en matrimonio o pareja. El 57% tienen una edad comprendida entre 25 y 34 años, y el 95% tienen empleo fijo o temporal. El informe no permite desglosar el tipo de empleo pero dadas las altas tasas de temporalidad que se han desarrollado en los últimos 7 años, y dada la edad de los demandantes es presumible que más de la mitad sean temporales (en la CAPV solo el 33,3% de este mismo colectivo tenian trabajo fijo).

Respecto a los precios y capacidad de pago, el 80% de toda la demanda necesita viviendas por debajo de los 18 millones de pesetas, la oferta es inversa, solo el 20% de las viviendas ofertadas es inferior a este precio. En terminos absolutos el precio medio en Nafarroa de las viviendas ofertadas en 2000 era de 26,8 millones, y las cantidades de pago máximo que podían asumir los necesitados de cambio y acceso eran de 13,4 y 14,8 respectivamente.

Si suponemos que los costes financieros son análogos a los de la CAPV, por la uniformidad del sistema financiero, los 26,8 millones medios se transforman en un coste real despues de intereses de 45,6 millones. Las rentas salariales en Nafarroa son algo inferiores a la media de la CAPV, con lo cual la capacidad mensual de pago tambien será algo inferior, pero aún suponiendo la equivalencia (58.000 pesetas de capacidad de endeudamiento máxima mensual), se necesitarian 786 meses, es decir 65 años para pagar una vivienda de precio medio en Nafarroa. Para acceder a una de 18 millones (30,6 millones después de intereses), se necesitarían 44 años, y solo existe un 20% de todo lo ofertado con este precio o por debajo, con lo cual observamos que la población de primer acceso a la vivienda en Nafarroa ha llegado también a estar excluida de poder acceder a la propiedad tanto de los precios medios como del segmento más barato.

Como ya hemos comentado con anterioridad, en los últimos veinte años en el acceso al uso de una vivienda se ha primado la propiedad sobre el alquiler, optando a este último las unidades convivienciales que de ninguna forma podían acceder a la propiedad. Con lo cual el acceso al alquiler ha estado unido a la evolución de la llamada "pobreza de acumulación".

Tratando de caracterizar el contenido real de la pobreza de acumulación, hay que señalar inicialmente que se manifiesta en una extremada diferenciación en términos de recursos patrimoniales con respecto al resto de la población. Así la media de recursos patrimoniales per capita es de 431.054 pesetas en los grupos más desfavorecidos, lo que apenas supone un 15,6% de los recursos correspondientes a los del grupo de población situados en un nivel medio (el nivel de recursos medios per capita en este grupo es de 2.768.370 pesetas) y un 5,6% del relativo al colectivo en situación de bienestar (con unos recursos patrimoniales medios per capita de 7.696.403 pesetas)

Esta diferenciación patrimonial es el resultado de un distinto acceso al disfrute de vivienda. Un 79,9% de los hogares en situación de pobreza de acumulación carecen de vivienda en propiedad, con un 60,4% de estos hogares en situación de alquiler. En cambio en los demás grupos resulta dominante la propiedad, situándose en un 71,5% en los grupos intermedios y llegando al 99,1% en los casos de los hogares en situación de bienestar.

En contraste con esta tendencia dominante a la propiedad cabe señalar un cambio fundamental, asociado a la consolidación del alquiler como forma de tenencia entre el colectivo pobre. En 1986 la proporción de hogares pobres de acumulación en situación de alquiler era de 39,1%, frente al 60,4% de 1996, en contra de las tendencias del conjunto que siguen consolidando la tenencia en propiedad.

El precio de alquiler mensual medio ofertado el 2º Trim. de 2000 en la CAPV fue de 97.000 pesetas. (Ver cuadro nº 10) Observándose que 69,3 de cada 100 viviendas en alquiler tienen una renta mensual superior a 75.000 pesetas, es decir por encima del Salario Mínimo Interprofesional y en 37 de cada 100 el alquiler es superior a 100.000 pesetas, lo que supone un 45% superior al S.M.I.

Renta Mensual	CAPV*
Hasta 25.000 pesetas	0,0
25.001 a 40.000 pesetas	0,2
40.001 a 75.000 pesetas	30,5
75.001 a 100.000 pesetas	32,1
Más de 100.000 pesetas	37,2

Si tenemos en cuenta el elevado coste de las viviendas en alquiler, parece claro que este coste puede aparecer como uno de los principales elementos condicionantes de la calidad de vida en este colectivo, y en general, en el conjunto de los hogares vascos afectados por problemas graves de pobreza.

Es obvio que no solamente el desempleo es un generador de pobreza y marginalidad. Hoy en día en Euskalerria ya no solamente debemos de analizar las tasas de paro, sino que hay que analizarlas conjuntamente con el tipo de contrataciones y salarios medios de l@s emplead@s, ya que tras muchos de estos contratos se esconden realidades en las que la trabajad@r es más un "cuasi-parad@", con el nivel de prestaciones sociales, o con la posibilidad o no de acceder al disfrute de una vivienda

Las consecuencias generales en Euskalherria son una gran congelación en la creación de nuevos hogares, lo que es una causa añadida para el retraso en la edad de emancipación de l@s jóvenes. Incluso son causa directa de una parte importante de la violencia domestica, dado que las mujeres deben, en muchos casos, de aguantar situaciones de convivencia muy difíciles al no poder hacer frente al coste de un hogar independiente, ya que ni el paro ni la temporalidad y/o remuneración salarial les proporciona rentas suficientes para acceder a una vivienda.

El alcance de esta situación queda de manifiesto según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno Vasco (Informe sobre Desigualdades Sociales 2000). Estos datos muestran una situación peor a la de 1996, en cuanto a niveles de pobreza en Euskalherria se refiere. Y la paradoja del hecho se haya en un empeoramiento y un aumento de los hogares en exclusión social en un periodo de crecimiento económico y con tasas de paro menores que las de 1996.

Como ya habiamos indicado al hacer las comparaciones con el entorno de la Union Europea (cuadros nº 1 y 2), el alquiler social en tre nosotros es meramente inexistente, a la vez que los recusrsos públicos destinados a hacer realidad el derecho al uso de una vivienda son muy escasos, y casi centrados a incentivar a propietarios para que alquilen, intentando compensar con presupuestos públicos unos alquileres que a pesar de llamarse "protegidos" pueden superar el valor del Salario Minimo Interprofesional. En concreto el parque público de viviendas públicas en 1996 era de unas 1.000, la mayoría propiedad de los ayuntamientos, y que venian desde el regimen político anterior (la Dictadura), sin que en el proceso de desarrollo autonómico se haya impulsado su conservación y ampliación; muy al contrario con las ansias neoliberales de privatización de todo el sector público muchos de ayuntamientos vendieron parte de las viviendas públicas, en vez de aumentarlo.

En concreto el Gobierno vasco a través de Etxebide dio los primeros pasos en el fomento del alquiler con el Plan Etxebide 1996-99, cuyo objetivo principal era el fomento de viviendas en regimen de alquiler, a través de incentivar la inversión de agentes públicos y privados. Estos pasos se consolidaron en el Plan 1998-2001

Este esquema de ayudas que quedan explicadas para el caso de Lezo, según la propia valoración del Gobierno Vasco han tenido muy escaso eco. Así a pesar de incluir el doble objetivo de crear oferta de viviendas de alquiler y reducir el número de viviendas vacías, resolviendo las necesidades de la rentabilización del parque ya existente, el escaso éxito lo explica el Gobierno Vasco por el hecho de que no incluyó ningún tipo de medidas en el ámbito de la demanda, es decir de los necesitados de vivienda, al no contemplar las ayudas directas (subvenciones u otras) a los arrendatarios de viviendas que antes si existiían. Ésta podría ser una de las razones (argumentos desde la demanda) además de por las presumibles razones que valoramos en otro punto (argumentos desde la demanda).

De todas las medidas puestas en marcha solamente las de iniciativa pública de promoción de viviendas protegidas en alquiler ha tenido cierta repercusión, centrandose hasta ahora como promoción más emblematica la de Benta Berri con 500 viviendas). "Por el contrario las medidas destinadas a impulsar la adquisición de vivienda y la movilización de la vivienda vacía con destino a su arrendamiento protegido no han dado los resultados esperados y practicamente no han tenido actividad. Tampoco la sociedad operadora de alquiler ha llegado a ponerse en marcha por el momento, aunque posiblemente se se constituirá el primer cuatrimestre del 2000"

Siguiendo con el documento del Gobierno Vasco, se recoge como en la actualidad otros organismos públicos, en especial los ayuntamientos, están tratando de impulsar el desarrollo del mercado de alquiler. En ocasiones promoviendo (construyendo) directamente viviendas para el alquiler protegido, a través de patronatos de vivienda y organismos similares, y más recientemente mediante la puesta en marcha de servicios municipales de vivienda en alquiler o bolsas inmobiliarias municipales.

Estas medidas toman como modelo acciones llevadas a cabo en otras ciudades del estado español, especialmente en el área de Madrid así como en Cataluña y Alicante.

Al analizar el perfil con el que se plantean estos servicios en la CAPV, respecto a objetivos e instrumentos utilizados, se observa que se centra casi todo el esfuerzo en juntar a la oferta con la demanda. Pero se obvia que el problema no es que la demanda desconozca la existencia de la oferta, ni solamente que la oferta tenga temor por las consecuencias del contrato de arrendamiento que va a realizar, por el contrario el problema radica en las verdaderas posibilidades económicas de la demanda. Con jovenes "cuasi-parados", con contratos temporales y en un mercado laboral con el SMI, por debajo del umbral de pobreza, acceder al alquiler, incluso a una parte del "alquiler protegido" es economicamente inviable (en Lezo el alquiler protegido de una vivienda de 90m2 queda situado por encima del SMI)

Ya hemos comentado el tratamiento fiscal actual y discriminatorio que existe entre el acceso al alquiler o a la propiedad, al que no son ajenos los intereses de las entidades financieras y de los agentes inmobiliarios.

La fiscalidad, cuando se utiliza con otros fines que los recaudatorios, por ejemplo para intervenir en ciertos mercados, debe de seguir siempre el objetivo de corregir las desigualdades de esos mercados y no el de acentuarlas. La fiscalidad española y la de HEH están sirviendo para distorsionar y acumular rentas en el mercado concreto de la vivienda. Cualquier intervención será lícita siempre y cuando no solamente diferencie entre los niveles de ingresos y limite los máximos totales de deducción para el acceso a la propiedad, sino que realmente sea un elemento protector y eficaz de los no propietarios.

Las Haciendas Forales vascas deben de incidir en tres puntos en materia de IRPF

1. Delimitar el acceso a deducciones a la propiedad para las rentas medias-altas. (en la CAPV, desde 1-1-1999, a petición de la izquierda política y sindical, esta delimitación se realiza en parte -se limita el valor total de la vivienda-,pero habría que seguir incidiendo en ella)
2. Realizar una verdadera política de incentivo fiscal al alquiler, desbloqueando el mínimo de Base Imponible y la horquilla mínima y máxima, hasta alcanzar por lo menos las mismas deduccines medias que la propiedad.
3. Gravar fiscalmente las viviendas no habituales, a través de la inclusión en la Base Imponible del impuesto de un porcentaje de su valor catastral lo suficientemente significativo como para desincentivar su no utilización económica.

Esta última medida es urgente ya que en realidad muchas viviendas que se declaran vacías están alquiladas, pero sin declarar los alquileres que se perciben, siendo una de las fuentes de renta que conllevan altos niveles de fraude.

Este impuesto entre nosotros es anecdótico (en contra de lo que sucede en otros paises como Francia, donde es más importante que el IRPF) recaudándose solo un 1% del total impositivo.

Este Impuesto podría servir así mismo para gravar con distintos tipos los inmuebeles que no constituyeran residencia habitual, además podría ser un elemento importante en cuanto que podría discriminar más efectivamente entre los grandes patrimonios.

El IBI es un impuesto de cálculo sintético, en el que su propio procedimiento de cálculo podría permitir una discriminación efectiva entre los distintos usos dados a las viviendad (residencia habitual, 2º residencia, vivienda vacía o alquiladas) además de las diferentes circunsatancias de sus propietarios (personas de edad, con discapacidades físicas invalidadantes, ect)

A los parámetros del cálculo actual, se podrían añadir dos nuevos elementos multiplicadores, dándoles el valor 1 (elemento neutro de la multiplicación) a las residencias habituales y a propietarios de población "no protegida", mientras que se podría dar valores superiores a la unidad a las 2ª residencias, y valores aún mayores a las viviendas vacías ( ejp 1,5 y 2) por otra parte se podrían dar valores menores a la unidad a las viviendas ocupadas por personas con minusvalias o de edad avanzada. Estas son solo algunas de las ideas de las posibilidades de utilización discriminada posible.

Aunque a primera vista parezca que esto son competencias de otros, los municipios pueden realizar politicas diferenciadoras en materia de vivienda.

1º Pueden promover activamente la información de las posibilidades y recursos ofertados por otros niveles de la Administración (Gobierno autonómico, ayudas fiscales de la Diputación Foral). Pero dado que las iniciativas actuales de este tipo de instituciones no estan siendo capaces de dar respuesta por sí mismas al problema, se debería de apostar por una mayor implicación activa.

2º Partiendo de la premisa de que la distribución de las viviendas, de los espacios comunes y de los espacios públicos no es neutral en la dinámica y la vida social, urge que desde los municipios (deberán de ser los más concienciados los que se constituyan en motor de las alternativas) se rediseñe una nueva política de urbanismo, dando cabida a las ideas de los más necesitados de acceso y de cambio, a la vez que debe ser el municipio el que propicie la germinación y socialización de esas ideas innovadoras.

Redefinir la vivienda con más espacios y elementos comunitarios, permite por una parte un ahorro importante de espacio construido, y por otro una mayor implicación colectiva y social donde cualquier intervención pública tiene un elemento multiplicador importante.(ejp. atención más efectiva de la ayuda a domicilio, entre los mayores)

Los más necesitados de este tipo de construcciones (que no son una idea original) son los jóvenes y las personas mayores.

El propiciar la creación de una iniciativa local (cooperativa, ect..) con prticipación social activa: ocupación de l@s parad@s de la zona, formación práctica por vecinos del municipio que conozcan el sector (prejubilados, ect), utilización de diseños y elementos ecológicos, ...son solo elementos a debatir y reinventar.

Para ponerla en práctica el municipio deberá de ser capaz de utilizar los instrumentos legales necesarios para dotar de suelo al desarrollo de la iniciativa (que puede ser mixta, de propiedad y alquiler, pero delimitando totalmente las condiciones de venta posterior). Una de las prácticas que se están desarrollando en la actualidad es la utilización de suelo de propiedad pública, recalificado para los efectos, y del que el ayuntamiento sigue manteniendo la propiedad, a pesar de que la contrucción sea de titularidad privada, revirtiendo al cabo de un número de años determinados tanto el suelo como la construcción (en Vitoria-Gasteiz se han determinado 80 años en construcciones sobre suelo público)

Si la construcción de estos espacios se realiza para destinarlos al alquiler, hay que tener en cuanta, que según todos los datos económicos disponibles, el valor actual de la construcción (descontado el valor del suelo y los costes y beneficios de propmoción) no alcanza el 30% del valor de la vivienda. Si además se canalizan recursos públicos no municipales a este objeto (recursos materiales del Gobierno Vasco a este fín, subvenciones a fondo perdido de Gobierno Vasco, unido al ahorro que supondría en el gasto del AES, o a la recaudación diferencial del IBI, ect) y se replantea desde los municipios el papel que deben de retomar las Cajas de Ahorros en este tipo de construcciones, como nueva redefinición de la Obra Social, el problema financiero realmente puede llegar a ser un problema menor.

Para desarrollar socialmente una política de creación de este parque de viviendas de alquiler social, es importante la implicación de las instituciones y de las entidades financieras, pero más importante es el deseo de un municipio de demostrar que se pueden perfilar alternativas.

Desde el funcionamiento actual cabe denunciar el doble juego de las Haciendas Vascas, que no solo "hacen que no ven" sino que ponen medidas al servicio de los defraudadores en materia de vivienda protegida. Todos sabemos que cuando se adquiere una vivienda de protección oficial ésta no puede ser vendida por encima de unos precios marcados por normativa legal hasta que no pasan un número determinado de años desde que se compró la vivienda. Pues bien, este hecho no se cumple. Las viviendas de protección oficial se venden a precio de mercado libre, pero como no pueden escriturarse por ese precio libre, sino por el que marca la normativa, las Haciendas Forales están permitiendo las llamadas "declaraciones complementarias del Impuesto de Actos Jurídicos y Transmisiones Patrimoniales", para que los defraudadores puedan acceder a las ayudas fiscales. El municipio podría solicitar a la Hacienda Foral una copia de todas las transaciones inmuebles realizadas en su término, y ver la posibilidad de intervenir activamente contra actuaciones como las antes descritas,. Una fórmula podría ser la de promover que el Gobierno Vasco que hace dejación de derechos en la materia, subrogue estos derechos, cuando no sean ejercidos a los municipios.

Por otro lado al hablar de las entidades financieras, en hego euskalherria hay que hablar de la KUTXA, de la BBk de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y de la Caja de Navarra Hay que recordar, que las Cajas de Ahorros nacieron promovidas por las instituciones publicas, y la iglesia, ante la usura dominante en la época, y las necesidades de crédito de las clases campesinas y populares de Euskal Herria. Su constitución, sus recursos y sus órganos gestores eran y son públicos. En sus estatutos, sigue en vigor que son instituciones sin fines de lucro, que no pueden repartir dividendos (como el BBV u otro banco cualquiera), que su objetivo principal es suministrar un crédito accesible a los ciudadanos gipuzkoanos, y sus beneficios destinarse a obras benéficas y sociales. Todo esto, que sigue vigente sobre el papel, y sobre los cargos de esta institución que participan en su gobierno, ha sido adulterado. Las kutxas, en este momento son una institución financiera como otra cualquiera, que solo persiguen el aumento de beneficios. La obra benéfico-social ha derivado en anécdota, y no responden realmente a las necesidades primeras de la población: paliar los efectos del mercado libre en el acceso a la vivienda. No se trataría de que regalaran los recursos necesarios, sino que los pusiera a disposición de los ayuntamientos por unos periodos de plazo más largos que los del mercado y a unos tipos de interés igual a la subida del IPC ( con lo cual no existiria ni lucro positivo ni lucro cesante).

Estos convenios financieros entre las Kutxas y los municipios podrían extenderse a proyectos no solamente de propiedad pública para alquiler social sino a financiar proyectos comunitarios de vivienda como los antes comentados.

En la lengua china la palabra crisis esta formada por un vocablo compuesto, la primera parte significa peligro, y la segunda oportunidad. Toda crisis significa un peligro si no somos capaces de corregir las causas que han abocado a ella, y significa a la vez oportunidad. Oportunidad de análisis, oportunidad de cambio creativo.

Que la actual crisis de vivienda acabe siendo el peligro que engulla a varias generaciones o la oportunidad de redifinir el espacio privado y comunitario de una nueva Euskal Herria que se define Social, donde nuevos comportamientos sociales y de convivencia tengan cabida depende de nosotr@s aquí y ahora.

Está claro que centrar los esfuerzos públicos en subvencionar el acceso a la propiedad, de un grupo de la población de rentas bajas-medias, no sólo no resuelve el problema de la vivienda sino que está dejando cada vez más a un sector el de rentas bajas fuera de toda protección en materia de vivienda.

Cabe replantearse si los recursos públicos deben de ir en potenciar la propiedad de unas pocos, o el acceso para todos al uso y disfrute de una vivienda.

Una alternativa a la situación actual pasaría por la construcción o rehabilitación de viviendas que permaneciendo en propiedad pública sean ofertadas en "alquiler social" a todos los perceptores de rentas bajas, a modo de ejemplo podríamos hablar de perceptores de rentas por debajo de 2,5 veces el SMI

El precio de este "alquiler social" vendría baremado por el nivel de renta de cada uno, que pueden partir desde CERO pesetas, hasta el 10% o 15% de las rentas de estas personas. Siendo de "renta cero" para los perceptores de rentas inferiores al S.M.I.